La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves contra un ciudadano jamaiquino, con el permiso de residencia permanente, que buscaba evitar ser deportado por delitos por los que fue condenado en el pasado.
La decisión podría afectar a miles de inmigrantes con condenas, pero que viven legalmente en el país. Tras una votación que dividió a la Corte 5 a 4, ésta resolvió en contra de Andre Martello Barton, residente en el país desde los 10 años y padre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos.
En 1996
Barton fue condenado por una Corte en Georgia por asalto con agravamiento y posesión de arma de fuego. Ello, después de que un amigo suyo disparara, estando él presente, contra la casa de la exnovia del jamaiquino.
En el 2007, Barton también fue condenado por posesión de drogas en el mismo estado. Lo mismo al año siguiente.
Los crímenes de Barton lo hicieron elegible para ser deportado y el gobierno trató de sacarlo del país en el 2016. Barton argumentó que debería ser elegible para quedarse.
En su resolución, la Corte estableció que Barton no es apto para cancelar su expulsión porque cometió ofensas graves, como asalto con agravamiento, durante sus primeros siete años de residencia en el país.
En el trasfondo de esta decisión
Está la controversia sobre una ley migratoria de 1996 que permite a quienes tengan una orden de deportación pedir su cancelación.
Para ello, deben cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas es no haber cometido ciertos delitos durante los primeros siete años de su residencia en EU.
Al argumentar el fallo, el magistrado Brett Kavanaugh alegó que una ofensa de “comportamiento inmoral” puede hacer inadmisible a un ciudadano extranjero. También aseguró que el delito de asalto agravado implica un atentado contra la moral.
